MÉRIDA.- Con una perfecta planeación, Alejandra Bobadilla Crespo aprovechó el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para lanzar serias y graves acusaciones  contra un empleado de tercer nivel de la delegación de Sedesol, al que acusa de involucrar al gobierno estatal y de presentarlo como capaz de todo para conseguir lo que quiere, en este caso quitarle la plaza que ostenta la denunciante.

Los asesores de la quejosa cuidan muchos detalles, como no involucrar al delegado de la dependencia Luis Borjas Romero, ni a ningún otro funcionario de alto nivel. Aunque ella dice que Óscar Eduardo Medina Cruz, coordinador operativo de la Sedesol, afirmó que el gobierno estatal es capaz de todo, Alejandra cuida el detalle de decir que no cree que eso sea cierto.

Un boletín enviado indica que la mujer sufre acoso, hostigamiento y que la amenazan para que renuncie a su plaza de trabajo. Al final del comunicado dice que ella es institucional y no política, aunque, según nos informan llegó recomendada y protegida por panistas de alto nivel en la administración estatal de Patricio Patrón Laviada.

Hasta ahora la delegación de la Sedesol y el gobierno estatal no han enviado a este medio de comunicación su postura respecto a este caso:

El texto íntegro del boletín que envío el abogado de la denunciante, Miguel Antonio Baeza Pam, es el siguiente:

En el marco del Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Bobadilla Crespo, jefa de la Unidad de Desarrollo Social y Humano de la delegación de la Sedesol en Yucatán,  presentó esta mañana una queja ante la Comisión de Derechos Humanos  de la entidad por acoso, hostigamiento y amenazas para obligarla a renunciar a su plaza, tras ocho años de labores en esa dependencia.

La joven, madre de dos hijos, uno de ellos enfermo que requiere atención médica continúa, afirma que ganó su plaza en un concurso de oposición en 2005, forma parte del servicio civil de carrera y no hay ningún motivo para despedirla, de manera que considera arbitraria e injusta la decisión de obligarla a renunciar y menos por la vía de las amenazas.

La licenciada en Derecho  señala como principal autor del hostigamiento laboral al licenciado Óscar Eduardo Medina Cruz, coordinador operativo de la Sedesol, quien involucra al Jurídico del gobierno del Estado en estos hechos, al asegurar que son ellos los que quieren la plaza y son capaces de sembrarle droga o atentar contra ella o su familia con tal de salirse con la suya.

El funcionario asegura, temerariamente, que es el método que utiliza el gobierno estatal para agenciarse las plazas e, incluso, dice que sabe de otros casos que han ocurrido en otras dependencias, como la Secretaría del Trabajo, donde acusaron de portar drogas a un empleado que se resistió a renunciar, para finalmente quedarse con su plaza.

Acompañada de su abogado, la licenciada Bobadilla presentó su queja ante la Codhey y difundió como prueba la grabación de sendas conversaciones que tuvo con Medina Cruz en las que se escuchan claramente las amenazas contra ella.

En esas grabaciones, Medina Cruz afirma que le consta las represalias que ha cometido “la gente” del gobierno estatal, recalca que van a hacer lo que tengan que hacer para conseguir su objetivo y le advierte a la joven: “Yo sé como actúan…no te a va ir bien, se salen de la cuestión del trabajo y se van a la cuestión personal”.

Alejandra Bobadilla indica que no cree que el gobierno del Estado sea capaz de hacer eso, pero son dichos de Medina Cruz que constan en las grabaciones.

La joven advierte que analizan la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por estos hechos, que considera muy graves y le han afectado no sólo laboral sino emocionalmente.

Afirma que Luis Enrique Duarte Niiquete, ex subdelegado administrativo de la Sedesol, también tomó represalias contra ella, no obstante que ya no es funcionario en activo, pues fue despojada de su computadora, sus funciones y llegaron al grado de sacarla de su oficina, cambiando las cerraduras, y dejarla en los pasillos.

“Hago responsable de lo que me pase a mi y a mi familia a estas personas. Tengo miedo, pero exijo justicia y que se me deje trabajar para ganar el sustento de mis hijos. Soy institucional, no soy política, y soy empleada de servicio civil de carrera, tengo derecho a seguir trabajando”, subraya la joven licenciada, quien, al término de la diligencia, acudió a la Sedesol acompañada de dos visitadores de la Codhey.