MÉRIDA.- Aunque las reglas para fiscalizar el dinero durante las campañas electorales ya se hicieron más duras, luego de que éstas finalizan queda una laguna legal que aprovechan los que suspiran para el siguiente puesto de elección popular, de modo que tiran dinero a manos llenas sin que nadie fiscalice el dinero ni el origen del mismo.
Son varios los suspirantes a un nuevo puesto de elección popular, que ya desde ahora, a poco más de dos años de distancia de las siguientes elecciones, ya empezaron una campaña disfrazada, en la que gastan millones de pesos sin que nadie fiscalice sus gastos.
Son muchas las personas que se preguntan del origen del dinero que gastan los suspirantes, con excepción de uno que otro, a los que les sobre dinero y eso todo mundo lo sabe; otros dudan del origen legítimo de esos recursos, y los más mal pensados creen que el dinero viene de fuentes delictivas.
Entre los suspirantes del PRI a la candidatura tricolor al gobierno del estado está el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín, quien de estar en la cumbre del poder, como secretario de estado, ahora ha perdido escalones de manera rápida y drástica, pues se quedó en un simple diputado federal, con el membrete de “vicecoordinador” de la bancada, que de poco o nada sirve.
Sin embargo, se ha dedicado a gastar dinero en la entrega de cien becas a estudiantes, de a mil pesos mensuales cada una, además de que comenzó un programa de construcción de pisos de cemento, conceptos por los que eroga una muy buena suma de dinero, además del que gasta en publicar la entrega de esos “apoyos”. Los pisos se harán en comisarías de Espita y serán 100 los beneficiarios.
Es interesante ver la entrega de estos apoyos, pero es más inquietante no saber de dónde provienen los recursos, los cuales no están fiscalizados por ninguna autoridad. Habrá que ver cuánto más gasta en la entrega de otros “apoyos”.