CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que en febrero de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamó la atención al Senado porque tenía una zona de opacidad de mil 200 millones de pesos, cuyo uso no pudo comprobar, el Senado amplió a mil 307 millones de pesos durante 2014 el rango de dinero que utilizó sin dar comprobantes de la forma en que lo utilizó.

Precisa, sin embargo, que la cantidad pudo llegar a mil 308 millones 740 mil 400 pesos, pero “en el transcurso de la revisión” se recuperaron un millón 500 mil pesos, gracias a la intervención de la ASF.

“La Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca lo siguiente: no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de mil 307 millones 240 mil 400 pesos, que representó una tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 “Asignaciones a los Grupos Parlamentarios” y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, dice el informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior entregado el miércoles a la Cámara de Diputados.

El periodo analizado fue responsabilidad de dos presidentes del Senado; de enero a agosto del priista Raúl Cervantes y de septiembre a diciembre del perredista Luis Miguel Barbosa.

El año pasado, cuando la ASF dio a conocer la auditoría de 2013, detectó que el Senado pagó por un tratamiento médico a uno de los senadores, a pesar de que cuenta con el seguro médico. El entonces presidente Luis Miguel Barbosa, aseguró que el Senado iba a presentar las aclaraciones en torno a los mil 200 millones de pesos sin comprobar.

Sin embargo, el Senado volvió a registrar el mismo problema: no pudo comprobar la forma en que los 128 senadores gastaron el dinero que les entregan vía sus grupos parlamentarios, y que consiste en dinero para apoyo legislativo, para viajes a sus lugares de origen, para el pago de eventos, para apoyar a la población que les solicita recursos y para la realización de su trabajo en comisiones, para el caso de los presidentes de estos grupos de trabajo.

La diferencia es que mientras en 2013 se trató de un universo de mil 200 millones de pesos, que la Auditoría Superior de la Federación consideró excesivo, en 2014 la cantidad se incrementó a mil 307 millones 240 mil 400 pesos.

La Auditoría precisa que revisó la forma en que el Senado gastó el 80% del presupuesto de 2014, principalmente en los rubros de Servicios Personales, que se refiere a la nómina, y Servicios Generales, que es donde se ubica el dinero que se entrega a las bancadas.

Explica la Auditoría Superior que “se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos presupuestales, ya que en años anteriores se detectaron áreas de opacidad en la aplicación de los mismos, particularmente en la partida 39903, ya que no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos; por lo tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos.”

Deficiente resguardo de datos

En la Cuenta Pública 2014 entregada el miércoles a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre riesgos en materia de seguridad por el deficiente resguardo de la información que se maneja en la administración pública.

Advierte que el grado de madurez en la manejo de las tecnologías de la información es deficiente en instancias federales.

El bajo nivel de madurez indica que no se cuenta con procesos que permitan gobernar, administrar, dar soporte, continuidad de operación, seguridad de forma efectiva y eficiente a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

“En la medida en que la información se vuelve crítica, aumenta el riesgo de ser divulgada, mal utilizada, borrada o extraída sin autorización”, se plantea.
Recomienda establecer medidas preventivas y administrativas con el fin de asegurar la confidencialidad e integridad de los datos.

EL PLENO TOMA MEDIDAS

El pleno del Senado de la República aprobó ayer su nueva estructura administrativa, que le permitirá sacar de la zona de opacidad y carencia de rendición de cuentas cerca de 900 millones de pesos que entrega a sus grupos parlamentarios.

• Después de un año de trabajo, y luego de meses de negociaciones donde el PRI de Emilio Gamboa Patrón y el PRD de Luis Miguel Barbosa fueron los principales impulsores, el pleno avaló el acuerdo logrado en la Junta de Coordinación Política, que encabeza el priista, para que se termine con el manejo discrecional de un monto que oscila entre mil 200 millones y mil 307 millones de pesos al año.
• El acuerdo de la Mesa Directiva establece que de manera inmediata 260 millones de pesos correspondientes a las presidencias y secretarías de las comisiones, y 40 millones de pesos de traslados de legisladores a sus lugares de origen, pasarán de inmediato a la administración central del Senado.
• Además, crea una tarjeta de débito de control de gastos, denominada Subcuenta para Senadores, con la que cada uno de los 128 legisladores comprobará ante su grupo parlamentario una bolsa de 600 millones de pesos que reciben por concepto de Asistencia Legislativa, Gestión Parlamentaria y Atención Ciudadana.
• A los grupos parlamentarios les quedarán aproximadamente 300 millones de pesos para pago de trabajadores y tareas de la coordinación del grupo, como el pago de los lugares donde realizan sus plenarias.

EXCELSIOR.-