MÉRIDA.-  Gente de la Organización General Popular Campesina, unas 100 personas, denunciaron ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, William Sosa Altamira, por la asignación de 100 millones de pesos en favor de la organización priísta Antorcha Campesina.
Los supuestos afectados y su representante, Israel Rodríguez Cortés, acusaron al delegado de esa dependencia de favorecer a organizaciones con filiación priísta y dejar de lado a personas que realmente necesitan ese apoyo.

“Esta denuncia se debe a que desde hace más de tres años hemos estado tratando de reunirnos con los delegados de la Sedatu, ahora con William Sosa Altamira, en la cual se le ha pedido que lleve los procesos de acuerdo a las reglas de operación, que no viole las reglas, sin embargo, ellos obedecen nadamás las órdenes de sus superiores”, denunció a la entrada del edificio en Paseo de Montejo.

La mayoría de los apoyos a la vivienda presentan un avance del 60 por ciento y a pesar de ellos continúa la ayuda hacia esa organización, lo que demuestra que con tintes partidistas son repartidos en la entidad. Por lo que, cansados de la displicencia con la que han sido tratados por funcionarios de la Sedatu en Yucatán, más de 100 personas consideradas como parte de la población en condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación decidimos presentar denuncia ante este Tribunal”, señaló.

En total, informó, son 700 familias afectadas con la discriminación de los funcionarios federales, provenientes de 10 municipios de la entidad, sin embargo, solo una centena decidió emprender acciones legales para que sus derechos sean respetados.

Señaló que el trato que Sosa Altamira ha  dado es denigrante y altamente ofensivo a integrantes de esa organización que han solicitado ser incluidos en el Programa de Apoyo a la Vivienda de la Sedatu.

Despliegan prácticas ilegales como el clientelismo, la opacidad y la no rendición de cuentas, lo que se traduce en ilegalidad y corrupción, favoreciendo sus intereses personales y políticos”, declaró.

Ante tal situación decidieron acudir al amparo de la justicia federal con el objetivo de que ese Tribunal los apoye y las solicitudes que la delegación de la Sedatu ha rechazado sean admitidas.

Confiamos en que al acudir ante el Poder Judicial federal logremos una vía para proteger nuestros derechos y abatir esas conductas irregulares de ciertos funcionarios públicos que han hecho y siguen haciendo tanto daño a la sociedad”, recalcó.

Los protestantes provienen de varios municipios y de cuatro comisarías de Mérida, todos en condición de pobreza y marginación, de acuerdo a las dependencias oficiales de medición de la pobreza.