MÉRIDA.- A fin de que se cumpla el objetivo de la Ley #3 de 3, es bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya aceptado la controversia constitucional promovida por legisladores federales de partidos de oposición, luego que el PRI “parchó” la iniciativa, dijo Mario Can Marín, líder de la Canacintra.
El objetivo que se buscaba con la Ley #3 de 3 era que los políticos cumplan con declarar todo lo que pueda causar problemas de conflicto de intereses, fiscales o de bienes, pero lo que se aprobó ya no cumplía en todo con el objetivo principal, aunque es un gran adelanto en la lucha contra la impunidad”, dijo.
Por ello, el sector empresarial se congratula que la SCJN haya aceptado la inconstitucionalidad, porque la lucha seguirá para que las actuaciones de los funcionarios sean clara y transparente, recalcó.
Lo importante es seguir trabajando para que definitivamente esa Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos funcione. Hoy hemos visto estados que sus gobernantes están totalmente involucrados en temas de corrupción y endeudaron el futuro de sus habitantes. Contra ellos hay que luchar”, afirmó.
Antes la Coparmex también dijo que ve bien que la SCJN revise el recurso anticonstitucional de la Ley 3 de 3, que promovió la oposición.
El entrevistado dijo que debido a eso se tienen que buscar los mecanismos para seguir empujando desde la sociedad civil organizada para que los gobernantes y funcionarios de menor nivel no usan el dinero público en beneficio personal.
Por último, llamó a los diputados federales, en caso de que esa Ley sea derogada por anticonstitucional, a que trabajan en un ordenamiento que deje satisfecho a los ciudadanos, cuyo único objetivo es que le rindan cuentas y que sean transparentes.
“Hay que sumar la Ley #3 de 3 a la nueva Ley de Transparencia, en la cual todos los estados tendrán que irla aplicando”, concluyó.