MÉRIDA.- Los trabajadores del Poder Judicial del Estado, incrementan sus protestas y por medio de un equipo móvil de sonido exigen que cesen el “terrorismo judicial y los cambios de adscripción sin justificación”.

De 11 a 12 horas, un carrito, portando un equipo de sonido, estuvo recorriendo el frente del Tribunal Superior de Justicia y el edificio de los juzgados mercantiles.

Con una grabación, reproducían en los altavoces sus protestas y demandas por que los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado les han reducido un bono anual, que antes era de 30 días y ahora fue de 6.

Incluso, se espera que dicha medida se repita los próximos días y en horario diferente.

Por medio de las redes sociales, han desnudado la corrupción del Poder Judicial y los malos manejos de los consejeros de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, Silvia Carolina Estrada Gamboa, Sara Luisa Castro Almeida, Melba Angelina Méndez Fernández y Luis Jorge Parra Arceo, que han jineteado y desviado los recursos, a tal grado que ahora no solventar los menores gastos.

Les imputan un desvío de más de 40 millones de pesos, que no se ha aclarado, al igual de encubrir un peculado de más de 3 millones, cometido por un ex empleado y litigantes, en el Fondo Auxiliar del Poder Judicial, que después de varios años continúa impune.

Como se han dado muestras de inconformidad, las represalias no se han hecho esperar, con cambios de “adscripción” en contra de los líderes de los inconformes, que no se han dejado y han recurrido a los amparos.

Estos asuntos y más, ya han llegado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional de Derechos Humanos e instancias internacionales, que han prometido investigar.

Por cierto, luego de protestar el jueves pasado enfrente del Palacio de Gobierno y que les prometieran que en tres días tendrían una respuesta, no saben nada hasta el momento.

Los consejeros han preferido “pagar” a los medios de comunicación oficiales para no dar la información de las protestas que sentarse a dialogar con los inconformes y llegar a un sano acuerdo, pues saben que en el 2017 tendrán un aumento de su presupuesto de poco más del 10 por ciento, insuficiente para cubrir todos sus gastos, desvíos y burocracia alterna que han fomentado.

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