MÉRIDA.- Durante la teleaudiencia de vinculación a proceso en contra de Martín Alberto Medina Sonda, acusado de feminicidio agravado en contra de su ex esposa Emma Gabriela Canto Molina, los fiscales le dijeron al tabasqueño que él planeó el crimen, desde agosto de 2016, desde un penal de Tabasco.

Para eso contactó a César Rogelio Reyes Barrueta, quien conocía a Emma Gabriela y a los hijos de ella y para “darle un susto” le depositó 70 mil pesos, de los cuales les pagó a 30 mil a los dos jóvenes tabasqueños que mataron a la yucateca. Todo porque quería que ella volviera con él.

El acusado negó la acusación y dijo que están restringidas las llamadas telefónicas en el penal, que sólo hay un teléfono y cada interno posee un número de identificación, de modo que pueden revisar la lista de llamadas y verán que es una mentira lo que dicen, que efectué una llamada” para ordenar la muerte de su ex esposa.

Además, agregó, son numerosas las revisiones que se efectúan en las celdas nunca me han encontrado un teléfono celular. Sobre el supuesto pago de 70 mil pesos dijo que está imposibilitado a efectuar depósitos bancarios, ya que sus cuentas están congeladas.

El acusado negó la versión de que buscaba a Ema Gabriela para que regresaran nuevamente a vivir juntos.

Según los fiscales, el crimen fue planeado desde agosto de 2016, cuando el tercer implicado en el crimen, Reyes Barrueta, encontró el domicilio de la hoy occisa.

Durante la prolongada audiencia, que duró poco más de seis horas, fue abundante la información que se generó con respecto al proceso para el esclarecimiento de la muerte de Molina Canto, y cuyas dudas serán resueltas tras la detención del cuarto implicado en el asesinato, denominado como “El sigiloso”, el cual ya fue identificado y hay una orden de aprensión en su contra.

Falló la estrategia del abogado defensor de Medina Sonda, establecido en Mérida, Edier Josué Pech Farfán, ya que sus argumentos fueron desechados como pruebas para minimizar la situación que pesa en contra de su cliente.

Durante la audiencia, la cual inició con 30 minutos de atraso, se confirmó que Reyes Barrueta, alias “Huero”, fue el chofer de Medina Sonda cuando llegaba a la Ciudad de México y tenían varios años de conocerse.

Pech Farfán trató de desligar a su defendido de todo vínculo con Ema Gabriela, pues dijo que desde 2008 ambos vivían en estados diferentes, en febrero de 2010 inició el proceso de divorcio y a partir de 2012 fue nula la comunicación.

Incluso, a partir del 17 de octubre de 2015 está recluido en el penal tabasqueño, y recientemente fue sentenciado a 12 años y seis meses de prisión, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención, fue acusado a lavado de dinero en la administración del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y su ex secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda.

Los abogados de Ligia Canto Lugo, madre de la víctima, denunciaron que en todo momento Medina Sonda amenazaba a la víctima con tal de que regresara con él, y ante el acoso ella optó por cambiarse de casa, cuya dirección desconocía el acusado.

El implicado solicitó al “Huero” que ubicara a Emma Gabriela, pues era la única persona de su confianza que la conocía, así como a sus tres hijos.

En agosto de 2016, Reyes Barrueta descubrió que la hija del hoy implicado estudiaba en la Escuela Secundaria Número 1 “Agustín Vadillo Cicero”, y cuando la menor abordó el autobús escolar la siguió y constató que vivía en el predio ubicado en la calle 28 número 196 con 39 del fraccionamiento San Luis.

Se planeó “darle un susto” a Ema Gabriela y la orden se ejecutó el 27 de marzo, cuando fue asesinada en la terraza de su casa, apenas bajó de su vehículo, un Honda Accord con placas de circulación YZT 3043, acto cometido entre las 15 y 15:30 horas.

“El Huero” fue el intermediario para concretar el asesinato, para lo cual recibió 70 mil pesos para cumplir con la orden asignada; pagó 30 mil pesos a cada uno de los dos sicarios tabasqueños, que fueron los primeros en ser detenidos en este caso.

El juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero resaltó que no duda de la palabra de Medina Sonda, pues sólo defiende su inocencia.

Sin embargo, indicó que son numerosos los delitos que se cometen desde el interior de la cárcel, y ejemplificó el caso de narcotráfico, robo, secuestro y homicidio.

En consecuencia, agregó, el feminicidio bien se pudo planear y ordenar desde el Creset, pero aún faltan pruebas para sustentar que Medina Sonda es el autor intelectual del crimen.

Por lo pronto, se le vinculó por el delito de feminicidio agravado, cuya condena oscila de 30 a 50 años de prisión, y como medida cautelar se le impuso un año de prisión preventiva.

La audiencia efectuada en la Sala 2 del Centro de Justicia Oral de Mérida llamó la atención de los presentes, pues Medina Sonda revocó a su abogado particular por un defensor oficio.

Mugarte Guerrero no tuvo otra opción que tomar protesta a Jenny Elena González Valenzuela como defensora por colaboración, aunque está permitido no se acepta la colitigación entre un abogado público y uno privado.