MOTUL.- En lo que confirma una vez más que es el peor alcalde que ha tenido el municipio, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región del Poder Judicial de la Federación le ordenó al Ayuntamiento devolver a Carlos Puch Pech un terreno ubicado a espaldas del cenote Sambulá, que le quitó el 10 de agosto de 2016.

En ese terreno el alcalde Vicente Anastasio Euán Andueza construyó e inauguró en abril, una cancha de Fut 7 con dinero municipal y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Es el segundo revés del Ayuntamiento en el Poder Judicial de la Federación, pues el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 14o. Circuito, en Mérida le ordenó devolver a Karina Pool Cimé el local municipal de la calle 33 entre 26 y 28 del Centro, que le quitó en mayo de 2016.

El lunes 22 el Cabildo aprobó cumplir la sentencia de ese juicio de amparo, pero dijo que Karina Pool tiene plazo de 15 días naturales para cumplir los requisitos para recibir la concesión de ese edificio, que hoy ocupa la Subdirección de Transporte de la Comuna.

El martes en la noche, Puch Pech y su abogado, Luis Canul Jiménez, informaron la resolución del juicio de amparo 29217 la cual dice que el alcalde, el panista Vicente Euán, debe realizar las diligencias necesarias para desocupar el bien inmueble que Puch Pech señaló en la demanda de amparo, identificable como ubicado a 100 metros al oeste del kilómetro 2+800 de la carretera Motul-Cacalchén, y que se refirió en el expediente 160/2016 de la estadística la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, como el predio 298 de la calle 43 de la ciudad de Motul mejor conocido como cenote Sambulá.

Además se le ordena restituir a Puch Pech la posesión de ese inmueble.

Canul Jiménez dijo que la resolución llegará a Motul vía correo y apenas la tengan la entregarán al alcalde, lo que posiblemente sea la semana próxima.

El abogado indicó que Euán Andueza tiene tres días para cumplir la sentencia, a partir de que la reciba, y en caso de desacato el alcalde, el director de Gobernación, Roberth Gutiérrez Crespo, y el director de la Policía Municipal, Érick Borges Dzul, recibirán una multa de 100 unidades de medida actualizada, unos $80,000 por cada uno ante la Suprema Corte de Justicia.

“De continuar con el desacato se les puede separar del cargo y consignarlos al Ministerio Público Federal”, afirmó el abogado.

Con esta resolución, ahora soy dueño de la cancha de Fut7, incluso hasta del cenote Sambulá, que se asientan en la propiedad que el juez federal ordena que me restituyan, dijo el septuagenario campesino.