MÉRIDA.- Aunque permite que su hijo le pegue a su nuera, a quien demandó por robo, Ligia Canto Lugo, mamá se la asesinada Emma Gabriela Molina Canto, y la abogada Natalia Paola Punab de la O usaron la audiencia de prórroga para tratar de martirizarse.

 

Lo que empezó como una simple audiencia de prórroga del plazo de cierre de investigación, por el caso Ema Gabriela, se transformó en tribuna que pretendieron aprovechar Ligia Canto y Natalia Paola, para decir que la Fiscalía, sus mismos asesores jurídicos y el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero han sido omisos e ineficientes.

Sin embargo, el juez les reviró y les demostró que están completamente equivocadas. Mugarte Guerrero presidió la audiencia, en la que estableció que, a petición de la Fiscalía General del Estado, accedía a dar dos meses más para llevar al cabo las investigaciones de este asunto.

La solicitud de prórroga se hizo porque los cuatro meses de investigación estaban a punto de concluir; se investiga a los presuntos autores materiales del crimen, los tabasqueños Oscar Miguel López Tovilla y Jonathan Mézquita Avalos, acusados de homicidio calificado, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple de cocaína y portación de armas e instrumentos prohibidos.

Se pidió ese tiempo para efectuar diversas actuaciones que ya se han solicitado, como intervenciones telefónicas, análisis dactiloscópicos, estudios a movimientos de las cuentas bancarias ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, inspección de vehículos, de investigación en inmuebles que podrían ser de los autores materiales del crimen, de perfil genético, etc.

Cabe mencionar que durante la audiencia estuvo presente Adelaida Salas Salazar, directora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán.

Como parte de su “show mediático”, la señora Canto Lugo dijo que la Fiscalía ha sido omisa e ineficiente en la investigación de la muerte de su hija, pues no se ha hecho entrevistas a vecinos, además que no se efectuó de acuerdo al protocolo de feminicidio y perspectiva de género. Es decir, ella sabe más que la Fiscalía y dice que debe hacer la dependencia.

La abogada se pronunció en iguales términos, sólo que citó tratados internacionales.

El juez les aclaró, y las dejó en ridículo, que a los inculpados se les acusa de homicidio calificado y no de  feminicidio.

Que por lo que acababa de oír, la Fiscalía y los otros asesores jurídicos estaban trabajando en numerosos y diversos actos de investigación, que se contravenía a lo que ellas decía sobre las supuestas omisiones.

El juez también les dijo que su función es resolver y no dirigir la investigación; que ningún tratado internacional, suscrito por México, está por encima de la Constitución Mexicana; que le extrañaba que la abogada, que se acababa de nombrar, no se haya coordinado con los demás asesores y que éstos, si sabían de las supuestas irregularidades, no se hubieran pronunciado, tanto con él como con Derechos Humanos.

Contundentemente el juez le dijo a la abogada que “las afirmaciones hay que analizarlas y sustentarlas”, pues Natalia Paola dijo muchas cosas y no dio datos concretos.

Mugarte Guerrero les dijo que tienen dos meses para que propongan, soliciten o impugnen cualquier cosa.