MÉRIDA.- Los defensores públicos, con la nueva forma de procuración y administración de justicia, pensaron y recibieron la promesa que su situación iba a mejorar, pero no fue así.

 

La labor del defensor público en el Nuevo Sistema de Justicia Penal no es nada fácil y mucho menos bien remunerada, toda vez que quienes la ejercen perciben sueldos de aproximadamente 4 mil pesos a la quincena y no cuentan con unidad oficial ni mucho menos apoyo para gasolina.

Por lo tanto, los defensores públicos en el área penal que laboran en el Estado, tienen que trasladarse por sus propios medios a las sedes regionales de Justicia Penal Acusatoria y Oral en Yucatán.

En ese contexto, el 4 de agosto de 2017 el Gobernador del Estado anunció un incremento salarial para los policías y fiscales, los primeros pasando a percibir un salario aproximado de hasta 12,000 pesos mensuales y los segundos de hasta 23,000 pesos, también de forma mensual, lo cual fue muy acertado.

Sin embargo, no incluyeron a los defensores públicos, a pesar de ser uno de los mejores institutos de defensoría pública a nivel nacional, con letrados certificados en diversas especialidades en el área penal, así como con estudios de posgrados para efectuar su labor de defender a las personas que no tienen recursos para contratar a un abogado particular.

El trabajo se triplicó y los apoyos que supuestamente aterrizarían en todas las áreas de la procuración y administración de justicia, principalmente la mejora salarial, no los recibieron los defensores públicos.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, en su artículo 17, en su penúltimo párrafo:

“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público”.

Los primeros reciben percepciones muy por debajo de lo que ganan los fiscales de la FGE, lo cual resulta perjudicial para los usuarios, así como para la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Finalmente, considerando que el Gobierno Federal destinó muchos recursos económicos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el objetivo de acabar con la corrupción y la impunidad que había en el sistema tradicional de justicia, si no se atiende el problema que están viviendo los defensores públicos y tal vez en otras áreas, difícilmente se erradicará esta vieja práctica, por lo que es necesario la homologación de los salarios, por así disponerlo  expresamente la Constitución.