DZIDZANTÚN.- En un atropello más y otra violación a las leyes, el alcalde Raúl Torres Faisal clausuró el martes en la tarde el terreno en el que se ubica una antena repetidora de Telcel, con el argumento de que debe elevadas cantidades de impuestos, como el pago del uso de suelo y permiso de funcionamiento.

“En su inagotable sed de dinero y en su afán de juntarlo para su próxima, cuando buscará reelegirse, el alcalde (a) “Lord Impuesto” dejará sin señal a miles de usuarios de telefonía celular”, indicó un ciudadano entrevistado.

Este alcalde panista antes clausuró, por su propia conveniencia, una empresa de servicio de cablevisión y varios negocios de Santa Clara.

El martes en la tarde, personal del Ayuntamiento llegó a un predio ubicado en la calle 17 entre 16 y 14, para entrevistarse con la señora Erika Castillo Martin, dueña de la propiedad, de la cual renta una parte a la empresa Telcel; en ese lugar está ubicada una antena de señal telefónica.

Los licenciados del Ayuntamiento le dijeron a la señora que debía pagar los impuestos que debe ese lugar, entre ellos el predial, uso de suelo y la licencia del funcionamiento, pero la mujer les contestó que cuando le rentó el terreno a Telcel se hiso un documento de arrendamiento, especificando que en ese lugar se construiría una barda que limitaría su terreno con el rentado, así como una nueva toma de agua y de energía eléctrica, de modo que ella se deslindaba de todo pago.

Los funcionarios, por órdenes del alcalde, clausuraron la entrada principal que da acceso a la antena y para presionar a la dueña del terreno, ilegalmente clausuraron la parte que ocupa doña Erika, con el argumento que los empleados de telcel podrían ingresar por esa parte del terreno de la señora.

El prepotente y soberbio alcalde aseguró que si Telcel no pagaba su deuda millonaria este viernes 22 cortaría la señal, pues desconectaría la energía eléctrica.

El panista tiene dos empresas en esta localidad: una es una maquiladora de ropa, que trasporta a Campeche y Quintana Roo, y la otra es una planta purificadora de agua, pero todo indica que ambas, de manera incongruente e ilegal están exentas del pago de impuestos, como el predial, uso de suelo y de funcionamiento.

Esto se deduce porque, a pesar de que el regidor Gilberto Lizama ha solicitado los comprobantes de pago de esas dos empresas, el alcalde se ha negado sistemáticamente a mostrarlos y hasta la fecha no los ha entregado al edil.

Varias personas aseguran que el dinero que el alcalde quiere juntar es para su próxima campaña política, ya que es uno de los candidatos para la alcaldía.

En el código penal del estado el allanamiento de morada se castiga de tres meses a tres años de prisión, según marca el articulo 329 en su  apartado I, del capítulo IV; los funcionarios de la Comuna que participaron en la clausura del predio y la Comuna misma estarían violando el artículo 251 del capítulo III, que hablar del abuso de autoridad.