MÉRIDA.- (El Grillo Mayor) Con la entrada en vigor del mal llamado Nuevo Sistema de Justicia, las injusticias son el pan nuestro de todos los días y, por tanto, la impartición de justicia en el ámbito de lo familiar colapsó.

En un proceso familiar, trámites tan simples como pedir un informe a terceros, copias o que se fije fecha para celebrar una audiencia puede tardar cuatro o seis meses en ser acordado, lo que obliga a muchos litigantes a promover cinco ó seis amparos por expediente, para sólo lograr algún avance en ellos y en los que se acusa a los juzgados del retraso u omisión en emitir estos acuerdos.

En un escrito que se nos envió, se pone de manifiesto el sentir de la gente y con eso aclaro que no de los funcionarios que se han enriquecido con este sistemita.

Nos indican que Yucatán siempre se había caracterizado por contar con un Poder Judicial que, en la medida de lo posible, impartía justicia en los tiempos legales marcados en la ley.

Sin embargo, desde el año 2013 la impartición de justicia ha sido muy lenta y burocratizada, problema que se presenta en mayor grado en los procesos de orden oral familiar, en los que los juicios, que se suponía sólo durarían unos meses con los nuevos códigos de familia, ahora duran años -más de tres-, y todo esto debido a la falta de personal de los juzgados de todos los distritos judiciales.

Esto ha sido ocasionado por la pésima decisión del presidente de Tribunal Superior, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien, a unos meses de la entrada en vigor del Código de Familia y Procesal de Oralidad Familiar redujo el personal de todos los juzgados.

No se consideró que con estos códigos, muchas mujeres accederían de manera más fácil a pedir un divorcio o el pago de alimentos y esto dio como resultado que en un juzgado pasó de llevar unos tres mil expedientes cada año a más de ocho mil, con lo que se saturaron expedientes y generaron retrasos en el dictado de los acuerdos, debido al volumen tan alto de demandas y procesos.

Esto llevó a crear los turnos vespertinos en 4 juzgados de oralidad familiar, pero que no ha servido de mucho para abatir estos rezagos, ya que ahora trámites tan simples como pedir un informe a terceros, copias o que se fije fecha para celebrar una audiencia puede tardar cuatro o seis meses en ser acordado, obligando por esto a muchos litigantes a tener que promover 5 ó 6 amparos por expediente para tan sólo poder lograr algún avance en ellos y en los que se acusa a los juzgados del retraso u omisión en emitir estos acuerdos.

Este problema afecta principalmente a las mujeres, que deben esperar meses para estas determinaciones y poder resolver cuestiones de alimentos principalmente, cuando apenas hace tres años estas peticiones se resolvían en dos o tres semanas.

Se necesita que el Poder Judicial solicite mayor presupuesto para el año fiscal 2018 y contrate más personal profesional para cada juzgado y que ayude a resolver estos retrasos injustificados y expedientes rezagados.

Todo esto se agrava si se toma en cuenta, que de 10 ó 15 casos que se veían por juzgado, anteriormente, ahora cuando mucho se ven tres, porque, al ser de tipo “oral”, necesariamente tiene que estar presente el juez, cuando antes los técnicos judiciales se encargaban de llevar trámites.

Igual está el problema que para hacer un cambio de defensor –principalmente en el ramo penal- se tiene que programar una audiencia que tarda en desahogarse, mínimo, dos horas.

La verdad, este sistema de justicia es para otros países y otras idiosincrasias.