MÉRIDA.- El martes tres de octubre de 2017, el consejero jurídico Carlos Pavón Flores convocó a los 130 defensores públicos y asesores jurídicos del Estado de Yucatán, y ante éstos aseguró que en lo que resta del año 2017 ya no es posible la homologación del sueldo máximo con los fiscales adscritos.

 

Aseguró categóricamente ya haber metido el proyecto de homologación de sueldo ante el Congreso del Estado de Yucatán, y dijo tajantemente que a partir de enero del próximo año los sueldos de los defensores públicos estarán homologados a los de los fiscales adscritos.

También aseguró que esta homologación está respaldada y aprobada por el Gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello.

Dijo haber platicado en dos ocasiones con el gobernador, respecto de la precaria situación económica de los defensores públicos, dando el Mandatario su aprobación para que se dé una solución inmediata, ya que así se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante la duda de los defensores públicos y coordinadores del área penal, así como de los coordinadores y asesores del área civil, familiar y mercantil, expresaron múltiples inquietudes y carencias que se tiene dentro del propio instituto.

Es por eso que el consejero jurídico se ha comprometido a darle una solución pronta a la mayoría de las peticiones, pero sobre todo a la homologación del sueldo.

El punto es que año tras año, directores y/o defensores generales, así como consejeros jurídicos del Gobierno del Estado, que han ocupado el cargo, han dicho y prometido mejorar los sueldos de los defensores públicos y nunca se ha dado cumplimiento a su compromiso.

No olvidemos que son cargos políticos los que ostentan y por lo mismo, así como hoy están y se comprometen, mañana ya no están, porque aspiran otro cargo político para beneficio e interés personal, y su compromiso queda en saco roto.

Esperamos que el consejero actual, quien fue director de la Defensoría Legal del Estado, a sabiendas de las necesidades de los defensores públicos, se preocupe en realidad de cumplir con su promesa, pues para la gente que ostenta cargos políticos tienen un buen sueldo y parece no interesar el sueldo de los operadores del sistema de justicia oral.