MÉRIDA.- Con recursos del Poder Judicial, que esquilman a sus trabajadores para pagar costosos despachos privados de abogados, los magistrados y consejeros, encabezados por el presidente del Conatrib, Marcos Celis Quintal, buscan defender su fuero acotado para continuar gozando de impunidad total.

Esto quedó demostrado desde la tribuna máxima del Estado, por parte del diputado Elías Lixa Abimerhi, que denunció que los magistrados, solapados por los consejeros, contrataron un despacho de abogados constitucionalistas para echar abajo la ley que les retira el fuero.

Se logró obtener el acta de la sesión celebrada el 25 de mayo, donde los magistrados acordaron presentar una controversia constitucional en contra de la ley que elimina el fuero.

Los magistrados del Poder Judicial fueron más allá al autorizarse que los gastos que generará la promoción del amparo para preservar ese privilegio fueran a cargo del erario.

Es decir, destinaron presupuesto público para defender un privilegio.

Ahora, por todos los medios pretenden duplicar su presupuesto, utilizando, incluso, el engaño a sus mismos trabajadores.

Nueve de los abogados que están autorizados para llevar la controversia constitucional por parte del Poder Judicial del Estado son integrantes de un despacho privado especialista de derecho constitucional y es el bufete García-Jimeno.

Esta semana, el Instituto de Acceso a la Información en Yucatán (Inaip) confirmó que el Poder Judicial del Estado viola la ley al no subir sus actas de sesiones, que deben ser información pública.

El 23 de octubre pasado, este diputado denunció ante el Inaip que el Tribunal Superior estatal viola distintas disposiciones en materia de transparencia porque no actualiza la información de su página de internet, particularmente al no subir las actas de las sesiones del pleno.

De esta forma, se demostró que el Tribunal Superior incumplió obligaciones legales de transparencia, por lo que se emitirá una recomendación a efecto de que cumpla cabalmente la obligación de publicar la información inherente a sus obligaciones de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de su sitio de internet propio. Qué pasó ahí, Marcos Celis.