MÉRIDA.- Guillermo Rubén Santos Ortiz fue imputado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, después que desde el 2009 dejó de mantener a su hija, a quien ya le debe poco más de 150 mil pesos.

 

Sin embargo, la juez de control Blanca Beatriz Bonilla González lo dejó en libertad (con el Nuevo Sistema de Justicia Penal este delito no se castiga con cárcel) y le impuso las medidas cautelares de acudir a firmar periódicamente y no salir del Estado. El domingo 24 de diciembre se efectuará la audiencia de vinculación.

La denuncia en contra de este sujeto fue interpuesta por Karla Beatriz Martínez Cimé en agravio de su hija menor de edad.

En la denuncia se asienta que la quejosa y el inculpado iniciaron una relación sentimental en 2006 y en enero del 2008 tuvieron una hija. En noviembre del 2008 la pareja se separó y se presentaron ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado unas Diligencias de Jurisdicción Voluntaria para que se apruebe el convenio por ellos firmado en esa misma fecha.

Santos Ortiz se obligó y comprometió a pagar a favor de su hija 400 pesos en forma semanal, que empezó a contar en enero del 2009.

Sin embargo, desde esa fecha, el inculpado dejó de proporcionar el dinero acordado por concepto de pensión alimenticia, sin motivo alguno.