CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Belisario Domínguez, dependiente del Senado de la República, publicó un estudio sobre las donaciones realizadas al país tras los sismos de septiembre de 2017, donde se consigna que se recibieron al menos 3 mil 400 millones de pesos cuyo uso no es fácil de rastrear.

 

El reporte, publicado el pasado mes de diciembre, da cuenta de que de los 3 mil 413 millones de pesos recopilados, el 69 por ciento fueron liberados por la Fundación Carlos Slim, el 7.6 por ciento por el Fideicomiso Fuerza México y el restante 22.9 por ciento de otros actores. El informe asegura que existen otras campañas de recaudación que fueron hechas públicas, pero de las que no se encontró información disponible para contemplarlas en la suma general.

El reporte indica que de acuerdo con el portal de Transparencia Presupuestaria, la atención de desastres naturales se divide en 4 etapas: la entrega de apoyos de emergencia, apoyos inmediatos, dictaminación de daños y reconstrucción. Con los datos analizados, el Instituto realizó un emparejamiento entre las donaciones realizadas y las fases apoyadas por las organizaciones, así como el rubro específico de respaldo.

Pese a ello, en su apartado de “Reflexión Final”, el Instituto concluye que la información no aparece concentrada y que eso complica seguir la ruta de respaldo, por lo que consideraran que actores y autoridades deben hacer un esfuerzo en proporcionar mayor certeza.

“Cabe destacar, que en un esfuerzo por fomentar la transparencia, las donatarias que han efectuado aportaciones monetarias o en especie para apoyar las diversas tareas vinculadas a la atención y recuperación tras los recientes sismos deberán brindar información detallada sobre estas contribuciones. En este sentido, el artículo 31 de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2018 menciona que la SHCP deberá publicar a más tardar el 30 de septiembre de 2018 un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR”.

“Los recientes sismos de septiembre dejaron de manifiesto que existe un área de oportunidad para crear dentro del gobierno federal una unidad que se active en casos de emergencia o desastre y que tenga el objetivo de coordinar los apoyos recibidos por parte del sector privado y la sociedad civil de México, así como de actores públicos, privados o sociales extranjeros”, se lee en el documento.

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