MÉRIDA (ACOM).- Al menos tres o cuatro empresas de los proyectos eólicos han amenazado con llevarse sus inversiones de Yucatán si no se logra un acuerdo por las disputas de la tenencia de la tierra y problemas técnico-legales que no les permiten la autorización para su permisos de funcionamiento.
Así lo señaló este martes el dirigente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juan Manuel Ponce Díaz, quien agregó que las pérdidas para estas empresas son millonarias, por lo que se espera que el gobierno estatal y la Secretaría de Energía logren un acuerdo muy pronto, ya que de lo contrario estas empresas se irán de la entidad.
Reveló que al menos 3 empresas eólicas, ubicadas en San Ignacio, al norte de Mérida, una más en Peto y una última muy cerca de Mérida no han recibido sus autorizaciones para el inicio de obras por diferentes problemas, lo que está retrasando el inicio de sus proyectos y y generando millonarias pérdidas.
Ponce Díaz expuso que los problemas de la tenencia de la tierra y, en su caso, condiciones técnico legales, han ocasionado largas demoras en el inicio de estos proyectos que ponen en serio riesgo la presencia de estas inversiones en Yucatán.
Detalló que estas empresas extranjeras desconocen los procedimientos en las disputas de tierras que se presentan en las comunidades locales, “pero además hay otros problemas, porque el Inegi no considera a estas empresas como una industria y por términos técnicos legales, la Secretaría de Energía aún no entrega los permisos para las concesiones”, dijo.
Reiteró la necesidad de lograr acuerdos lo más pronto posible con los grupos ejidales y de esta manera revertir la mala imagen para los inversionistas.
Destacó que este tipo de inversiones se deben aprovechar “porque permitirán que el estado tenga un suministro de energía limpia y con ello mayores oportunidades de consumos más económicos para los sectores”.
“Confío que las autoridades tengan la oportunidad de concretar un acuerdo cuanto antes, porque, de otra manera, estas empresas podrían anunciar la cancelación de sus inversiones y esto sería muy dañino para el estado y sobre todo, inversiones que tendrán que reducirse por falta de oficio político”, sostuvo el líder empresarial.
“Aunque no hay una fecha límite para las aprobaciones de los permisos, estas empresas deben cubrir sus expectativas de inversión. Una empresa que no inicia a tiempo y se retrasa, también carga con las pérdidas porque ya consolidó contratos de suministro de energía a otras empresas que debe cubrir”, finalizó.