MÉRIDA, Yuc., viernes 22/06/18.-Los hermanos Milagros Guadalupe y Guillermo Gómez Chan fueron imputados y luego liberados con ciertas medidas cautelares por el juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, a quien no le importó que agredieran a una actuaria del Poder Judicial del Estado que fue a cumplir una orden de embargo.

Bonilla Castañeda nada más les impuso las medidas cautelares de colocarles un localizador electrónico; garantía económica de 5 mil pesos para el imputado y 3 mil pesos para la mujer; no salir del Estado, y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Los delitos que se les atribuyó fueron los de daño en propiedad ajena; lesiones contra servidores públicos, y desobediencia a un mandato judicial, todos cometidos en pandilla, en agravio de la actuaria Nancy Loeza Barbosa.

La actuaria Loeza Barbosa está adscrita a la Central de Actuaría de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado. A solicitud de los imputados y su defensa, la audiencia de vinculación se celebrará el 26 de junio, a las 12:30 horas.

Los  hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Santa Rosa, el 18 de junio, cuando la actuaria fue a cumplir con la entrega de una notificación a dos mujeres demandadas por la vía ejecutiva mercantil, por el no pago de una motocicleta.

Cumplió el protocolo establecido y leyó el acta correspondiente a la demanda en la que se les solicitaba el pago de un adeudo o el señalamiento de bienes para su cobro, así como el emplazamiento para presentarse ante el juzgado correspondiente.

Pero al momento de notificar a una demandada, ésta la agredió verbalmente y se aproximaron a la funcionaria judicial dos hombres, quienes la jalaron del cabello, la tiraron al piso y junto con la mujer notificada continuaron golpeándola.

Aunque logró salir del lugar, las personas que la agredieron siguieron amenazándola e incluso destruyeron los documentos oficiales entregados y dos fojas del expediente original.

Arribaron elementos del sector sur de la policía estatal quienes, ante las visibles amenazas y golpes que seguían profiriendo en contra de la servidora judicial, procedieron a la detención de la pareja y su presentación al Ministerio Público.

Ahora los actuarios preparan un escrito para presentar ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, donde expresarán su extrañamiento por la falta de garantías y apoyo en el cumplimiento de sus labores y para exigir una explicación al juez Bonilla Castañeda.