MUNA, Yucatán, miércoles 05/09/18.- Dos personas resultaron heridas luego de enfrentarse a machetazos en Muna por conflictos entre ejidatarios, debido a presiones y abusos contra campesinos opositores a la instalación de la planta de energía solar que dispone el gobierno federal.

La denuncia pública se presentó este día en el Foro Gobernanza Territorial para la Sostenibilidad que se realiza en la Universidad Autónoma de Yucatán.

Ahí, Maria de Jesús Euán Barbosa, del Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil, dio a conocer que la intervención de una persona de nombre Sósimo Hernández, presunto asesor de la Secretaría de Energía, ocasionó que en una asamblea ejidal dos personas que se oponen a este proyecto fueran agredidos con un machete.

Expuso que la irresponsabilidad de las autoridades al no realizar una consulta pública entre la población del municipio de Muna, ha ocasionado serios conflictos entre quienes aprueban el proyecto y los oponentes.

La denunciante acusó a una persona de nombre Sósimo Hernández de distribuir cantidades de dinero entre gran parte de los ejidatarios para comprar voluntades, sin que se apruebe el proyecto por todos los integrantes del ejido.

Sin embargo, los ejidatarios opositores han denunciado irregularidades en la documentación que extendió la Semarnat sobre el impacto ambiental de este proyecto.

“Las irregularidades en los documentos que se han entregado a los ejidatarios establecen un abuso y violaciones a los derechos humanos de los campesinos. Imponer un proyecto ecológico que dañará la selva y deforestará gran parte de los recursos madereros de este municipio y el ejido, es muy dañino”, sostuvo.

Los ejidatarios resultaron con serias lesiones y fueron amenazados con ser expulsados del pueblo si no aprobaban los documentos que impone Hernández, presunto asesor de la Secretaría de Energía.

Euán Barbosa, quien forma parte del grupo de ejidatarios opositores de Muna, aseguró que han denunciado la injerencia de Sósimo Hernández en las asambleas ejidales y presiones a base de dinero para que entre los ejidatarios se agredan y dañen a los opositores.

Sobre este tema, el secretario estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Eduardo Batllori Sampedro, presente en el evento, señaló que el gobierno estatal no tiene injerencia en las determinaciones de los proyectos federales y que las autoridades de la Secretaría de Energía hayan llevado a cabo la consulta ciudadana obligatoria para completar este proyecto.

El sitio donde se ubicará una planta de energía solar (Ticul I y Ticul II) contará con un millón 400 mil paneles solares y se deforestarán unas 800 hectáreas de selva baja.

Respecto al tema, Batllori mencionó que el daño que ocasionará no solo es la reubicación de milpas para estos ejidatarios, sino que es la forma de vida de esta comunidad, ya que, dependen de sus recursos forestales para producir carbón y madera para la construcción de sus alimentos y viviendas, respectivamente.

“El problema está fuera del ámbito estatal, pero hemos recomendado a las autoridades federales que antepongan los intereses de los grupos y empresas de poder para plantearse primero la situación de las comunidades indígenas y de esta manera responder con soluciones a las condiciones en las que viven”, agregó.

Batllori aseguró que un proyecto de esta naturaleza es para ubicarse en zonas desérticas, pues deforestar 800 hectáreas de selva media obliga a que se pierdan especies de flora y fauna y modos de vida de las poblaciones nativas.

“Las autoridades deben responder a entender más allá de las necesidades socioeconómicas de las empresas trasnacionales”, sostuvo.