MÉRIDA, Yucatán, viernes 05/10/18.- Después de 14 días, se concedió un amparo provisional y se clausuró temporalmente la megagranja de cerdos en Homún, luego de las protestas de los vecinos y activistas, amparo que promovió la titular del Juzgado 4o. de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mérida.
La sentencia federal llegó 14 días después que pobladores y activistas clausuraron simbólicamente el complejo porcícola y seis días después que hicieron lo mismo en la delegación de la Profepa en Mérida, en protesta porque “como represalia” el mismo viernes 21 de septiembre clausuró cinco cenotes en Homún.
El martes 9 próximo se realizará la audiencia constitucional del juicio de amparo, en la cual la jueza ordenará o no la suspensión definitiva de operaciones de la megagranja, informaron ayer jueves el Comité Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los Cenotes) y el Equipo Indignación.
Según un comunicado de ambas agrupaciones, la jueza federal ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la megagranja porcícola, al admitir la demanda de amparo interpuesta por las representantes legales de seis niños y adolescentes de Homún.
La demanda de amparo se presentó por el riesgo que afrontan los niños de Homún por actos del gobernador, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio ambiente (Seduma) del Estado y el alcalde de Homún, quienes autorizaron y permitieron que funcione la granja.
Los menores “reclamaron violaciones a los derechos al agua, a un medio ambiente sano, al principio precautorio, así como afectaciones al derecho humano y al desarrollo, todas en relación con la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, derechos contenidos en la Constitución y en Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
Al ordenar la suspensión, dictada de manera provisional como medida cautelar, la jueza reconoció como posibilidad y riesgo que “la operación de la granja porcícola afectará múltiples derechos, entre ellos los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”.
La juzgadora señaló que existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se causen perjuicios de difícil reparación para los menores, especialmente en atención a los derechos que estiman violados y son tan sensibles.
El amparo provisional obliga a Producción Alimentaria Porcícola (Papo), Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, detener toda acción que implique el funcionamiento de la granja.
Igual obliga a las autoridades estatales y municipales, en especial al gobernador, la Seduma y al alcalde de Homún a implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que la suspensión sea efectiva.
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