MÉRIDA, Yucatán, viernes 12/10/18.- Luego de la “ola” de despidos que ha habido en el gobierno actual, el presidente del Tribunal de Justicia al Servicio del Gobierno del Estado de Yucatán César Antuña Aguilar señaló que hasta ahora se tiene unas 60 demandas, sin embargó exhortó a los trabajadores a llegar a un arreglo antes de demandar.

El presidente del órgano César Antuña Aguilar mencionó que cuando hay cambios en la administración pública ocurre este tipo de situaciones con los trabajadores, sobre todo los de confianza, hizo un llamado a las autoridades a analizar a los perfiles que mejor se desempeñan en su labor para evitar afectaciones al erario por algún procedimiento laboral.

Si se trata de trabajadores de confianza, es importante que se les dé de baja conforme a la ley”, dijo.

Mencionó que los primeros 15 días de la actual administración estatal, se han presentado al tribunal unas 60 demandas, aunque aceptó que esta cifra podría incrementarse en lo que resta del mes, puesto que aún se siguen realizando los ajustes en las dependencias.

Sin embargo, el magistrado precisó que las autoridades también han acudido a esta instancia a efectuar convenios con los trabajadores para concluir con la relación laboral, los cuales son más que las demandas.

Los demandantes alegan un despido injustificado, mientras que también piden sus pagos como salarios caídos, indemnizaciones y prestaciones. Hay que evitar correr un riesgo en los juicios, pues va creciendo en cuanto a lo económico. Lo mejor es buscar un arreglo con ellos”, apuntó.

Como hemos informado oportunamente, varios trabajadores han externado su molestia ante la “ola” de despidos que ha habido en el gobierno, aunque la nueva administración estatal afirmó que esta situación es normal, además de que dejó en claro que su programa de austeridad comprende reducir un 20% la cifra de trabajadores de confianza.

Según se precisó, el tribunal recibe al año de 200 a 300 demandas de trabajadores, aunque cuando hay cambio de administración, esto se duplica hasta 600, aunque con el cambio de administración estatal, esta cifra puede crecer hasta las 900, aunque existe la esperanza de que las administraciones municipales y estatales realicen los convenios necesarios y se evite demandas de los empleados.

Aunado a esto, las autoridades han externado que este proceso será tomado con seriedad y respetando los derechos de las personas.