MÉRIDA, Yucatán, jueves 24/01/19.– El caso de Martín Alberto Medina Sonda aún no termina y la señora Ligia Teresita Canto Lugo exige un pago de $2.2 millones como víctima indirecta a favor de sus nietos, por la muerte de su hija Emma Gabriela Molina Canto.
Julio Alberto Medina Gurubel y Juana María Sonda, papás del presunto feminicida Martín Alberto Medina Sonda, no comparecieron para testificar a favor de su hijo, no obstante que el abogado de la familia los ha ofrecido en tres ocasiones.
El mismo abogado presentó una constancia médica del Seguro Social en la que se menciona que no pueden ser sometidos a estrés por su edad y porque tienen varios problemas de salud.
La juez primero del sistema tradicional, Rubí Guadalupe González Alpuche, accedió a tomarles declaración en el caso en contra de Medina Sonda, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Esta diligencia es por demás ociosa, pues Medina Sonda ha sido condenado por el ilícito arriba citado.
Ahora la doctora Adriana Florencia Serrano Mex, médico de la unidad de medicina familiar número 20 del Seguro Social, será citada por la juez González Alpuche para que explique el por qué expidió el documento, porque este caso no es reciente.
En 2017, a dos millones doscientos treinta y ocho mil pesos ascendía la deuda que por concepto de pensión alimenticia debía Martín Alberto.
La suma millonaria de dinero la reclama, como víctima indirecta a favor de sus nietos, la señora Ligia Teresita Canto Lugo, por la muerte de su hija Emma Gabriela Molina Canto, y quien ayer estuvo presente en el juzgado primero penal.
En 2014, Medina Sonda fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y enviado a un penal de Tabasco, por la sustracción de sus hijos. Ese mismo año fue sentenciado a 12 años y 6 meses de cárcel por desvío de recursos públicos.
En noviembre del 2007 reclamó 8 millones de pesos que fueron detectados en una avioneta Cessna 340 que aterrizó en Mérida.
Por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar que promovió la ahora extinta, el 15 de octubre del 2010, la juez primero de lo familiar dictó una medida provisional en contra de Martín Alberto y le fijó el pago de una pensión alimenticia por 25 mil pesos mensuales.
Sin embargo, Medina Sonda se inconformó y el asunto se fue a revisión.
Poco después, el 28 de octubre del 2012, la Sala Mixta, lo condenó al pago de 51 mil pesos mensuales.
Más tarde, a finales de 2012, promovió un amparo y le bajaron la cantidad a pagar a 35 mil pesos mensuales, pero desde esa fecha no ha hecho depósito alguno.
Todo parece indicar que la causa que motivó el crimen fue la cuantiosa suma de dinero que se le descontaba de manera mensual, además que la ahora occisa reveló a las autoridades los vínculos de Medina Sonda en todo tipo de ilícitos.