MÉRIDA.- Debido a que hay un presunto desvío de poco más de cuarenta millones de pesos, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado busca desesperadamente hacerse de dinero por todos lados, de modo que presiona a los jueces para que “liberen” a su favor las fianzas del Fondo Auxiliar.

De acuerdo con datos recabados, el problema estalló el pasado jueves, durante una junta, en la que la juez Rubí Guadalupe González Alpuche fue presionada para que firmara la liberación de los “billetes”, a lo que se negó rotundamente, porque sería prestarse a un acto ilegal.

El faltante de dinero es producto de los descuentos que se han hecho a los trabajadores del Poder Judicial del Estado, para pagar sus cuotas obrero-patronales, al Isstey, que desde hace mucho tiempo se han estado desviando.

Esto obedece a que el Consejo de la Judicatura, a raíz de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, creó nuevas plazas laborales, pero más puestos de “jefes”, que devengan salarios elevados, como pago de favores políticos.

De ahí la necesidad de “tapar un hueco, haciendo otro”, aunque sea de forma ilegal.

Respecto al caso de la juez Rubí Guadalupe, al negarse a firmar los “billetes” le informaron que a pesar de ser reciente su designación al Juzgado Primero Penal, iba a ser transferida al Juzgado Cuarto, a cargo del juez Manuel Ek Herrera, quien pasaría a los juzgados de adolescentes, medida con la que también este último no está de acuerdo.

El movimiento de la juez será para que a ese juzgado que ocupa sea asignado al que todavía es juez sexto, Jorge Andrés Vázquez Juan, que, ni tardo ni perezoso, accedería a la pretensión de los consejeros jurídicos de firmar los “billetes”.

Según nuestros informantes, entre empleados es un secreto a voces que el Poder Judicial “está en quiebra” y que por eso mismo, el 15 de abrir va a cerrar el Juzgado Sexto Penal, que se fusionará con el Juzgado Segundo.

Para junio, se busca “matar dos pájaros de una sola pedrada”, porque se va a cerrar el Juzgado Cuarto, con lo que se quitarían la “piedra en el zapato”, que es la juez González Alpuche, que no se presta a sus juegos.

Ante esto, el Poder Judicial del Estado podría verse envuelto en un escándalo de grandes proporciones, que va desde una demanda por acoso laboral, un amparo o el destape de la cloaca en que se ha convertido ese órgano impartidor de justicia.