MÉRIDA.- Nada tontos, los presuntos sicarios tabasqueños Oscar Miguel López Tovilla y Jonathan Mézquita Avalos denunciaron presiones y amenazas verbales y psicológicas que cometieron en su perjuicio dos abogados de la víctima indirecta, el propio hermano de Emma Gabriela Molina Canto y agentes.

Mediante un memorial demandaron que recibieron amenazados verbal y psicológicamente, con hacerles daño a ellos y a sus familiares, y que si no firmaban un acuerdo todos los jueces y tribunales los iban a condenar.

Los denunciados son Carlos Canto Molina (hermano de Emma y que ha sobresalido como golpeador de mujeres); el comandante Ricardo Quijano Gómez; el abogado Fernando Guadalupe Caamal López; el fiscal José Evia Chávez; el asesor Luis Rubén Martínez Arellano, y un comandante apodado “Chino”.

Supuestamente, los tabasqueños habían acordado con las partes someterse a un procedimiento abreviado, siempre y cuando confesaran.

En primer lugar habían acordado una condena mínima de 18 años, pero al día siguiente la señora Ligia Teresita Canto Lugo abruptamente cambió de decisión.

Se quejan que los arriba mencionados accedieron al penal meridano y los amenazaron, pidiéndoles que firmaran un acuerdo en el que inculparan a Martín Alberto Medina Sonda, indicando que él fue quien pagó por matar a su ex esposa.

Que unos sujetos, apodados “El Patrón” y “El Doctor”, les dieron indicaciones que los iban a ayudar en el asesinato sus coacusados apodados “El Cachorro” y “El Güero”.

Les dieron unas hojas para que aprendieran de memoria lo que iban a decir durante una audiencia y que si lo hacían tendrían beneficios y que si se negaban, ellos y sus familiares iban a pagar las consecuencias.

Durante la visita de estas personas, nunca estuvo presente su defensor público y que los hechos fueron el 24 de septiembre y 10 de octubre.

También dijeron que cuando hablaron con su defensor público, éste les dijo que esas visitas eran normales y no habría de qué preocuparse.

Al cambiar a un abogado particular solicitaron, el 31 de octubre, a la administración del Centro de Reinserción Social del Estado (Cereso), informe sobre la presencia de estas personas en el lugar y cómo es que entraron.

Y que el 19 de noviembre el director del penal, de plano no accedió a responder a esta petición de información.