MÉRIDA, Yucatán, martes 09/10/18.- No habrá más plazo para llevar la audiencia en contra del ex Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Penal,  Miguel Gutberto Dzul Flores, quien está acusado de fraude y prestación indebida de un servicio público, por cobrar billetes de depósito que estaban a su guarda y bajo su estricta responsabilidad, relativos a 628 causas penales de entre los años 1990 al 2012, de diversos Juzgados Penales.

El Juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Luis Edwin Mugarte Guerrero, no accedió a la pretensión  en el sentido de que se le concediera un plazo más de 100 días para que se le formulen cargos por delitos de fraude y prestación indebida de un servicio público.

Inicialmente se había programado la audiencia de formulación de imputación para el día 22 de agosto, pero la defensa del imputado, a cargo de la Licenciada Jacinta del Socorro Miranda Caballero, solicitó que se le concediera tiempo para poder imponerse de la voluminosa carpeta de investigación y el Juez en ese momento acordó darle 45 días para ese fin.

Se programó para el día de ayer, a partir de las 10 horas, la audiencia suspendida en el mes de agosto y se indicó que la defensa había solicitado ahora que se difiriera por 100 días más.

El apoderado legal del Poder Judicial del Estado, Licenciado Pablo Enrique Hernández Herrera, se opuso a esa petición, argumentando que la defensa ha tenido tiempo suficiente para conocer de los hechos que se le pretende imputar.

Luego del debate entre las partes, el Juez de Control programó para el día de mañana miércoles la audiencia de formulación de imputación, en la que de igual forma se le aplicarían medidas cautelares al acusado de malversación de fondos cuando fungía como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial.

Supuestamente, según obra en la carpeta de investigación, Dzul Flores firmó y liberó 817 billetes de depósito que estaban a su guarda y bajo su estricta responsabilidad, relativos a 628 causas penales de entre los años 1990 al 2012, de diversos

Juzgados Penales, mismos que amparaban diversas cantidades por conceptos de cauciones o multas, lo cual realizó en todos los casos sin dar cuenta al Juez y actuando en funciones accidentales del titular, no obstante que en la mayoría de los casos el titular si se encontraba en funciones.

El daño patrimonial al fondo auxiliar asciende a la suma de 2 millones 528 mil pesos, según el inventario realizado a raíz de que se detectaron los cobros de esos depósitos.

POR ESTO