MÉRIDA, Yucatán, domingo 20/01/19.- El que a hierro mata a hierro muere: Por sinvergüenzas los ex trabajadores del IMSS, José Eduardo Castro Díaz y Filiberto Javier Orilla Moguel pasarán cinco años y 1 mes de prisión, porque le “rayaron” $488,148 a un abogado que los defendió.

En 2010 el abogado Arturo Ascencio Salazar García defendió a estos dos sujetos en un juicio laboral por un despido injustificado y logró que los reinstalen y que les paguen salarios caídos: El primero cobró $1.229,171.99 y el segundo $723,427.29, pero ninguno le pagó al abogado el 25 por ciento pactado.

Los demandó el abogado en diciembre del 2015 y fueron vinculados proceso, más tarde sometidos a juicio oral y el Tribunal Segundo los absolvió sin más, pero la Fiscalía general interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que se resolvió a favor de Salazar García.

A estos abusivos sujetos los condenó por el delito de fraude el Tribunal Colegiado de Circuito, que dejó sin efectos la sentencia absolutoria dictada anteriormente a su favor por el Tribunal Segundo Oral.

Los ahora condenados eran afanadores de la clínica T-1 y en el 2010 organizaron una protesta con otros empleados e impidieron el paso a los trabajadores de confianza, de modo que fueron dados de baja, pero demandaron al IMSS por despido injustificado y que contrataron al abogado Salazar García.

Durante la ejecutoria de amparo, el Tribunal de Alzada dictó una sentencia de reemplazo en la cual determinó tener por acreditado el hecho y la plena responsabilidad de los acusados.

El 17 de enero se realizó la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño y posteriormente se efectuó lectura y explicación de sentencia. Fueron condenados a 5 años 1 mes; les negaron los beneficios sustitutivos de sanción, y tendrán que reparar el daño ocasionado, de modo que Castro Díaz desembolsará 310.792.99 pesos, y Orilla Moguel, 180.856.82 pesos.

Además, de manera mancomunada y solidariamente tendrán que pagar por los perjuicios ocasionados, mismos que serán acreditados en la ejecución de la sentencia.

El caso comenzó en el año 2010, cuando el denunciante Arturo Ascencio Salazar García aceptó