MÉRIDA, Yucatán, martes 29/01/19.- Trabajadores del Poder Judicial están inconformes con el “raquítico” aumento salarial que les dieron, del 3.5 por ciento, mientras magistrados y consejeros ganan mucho y trabajan poco.

Criticaron al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado Ricardo Ávila Heredia, quien recorrió los juzgados de primera instancia, acompañado, entre otros del líder charro del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial Renán Puc.

“Aunque Renán acompañó a Ávila Heredia no quiere decir que estamos conformes con lo que sucede en el Poder Judicial, en donde sólo se benefician los magistrados, los consejeros y el pesudo líder sindical”, indicó uno de los trabajadores.

La semana pasada, con bombo y platillo Ávila Heredia anunció el aumento de sueldo a trabajadores del Poder Judicial, pero como fue muy poco trató de justificarse al decir que le dieron el mismo presupuesto del año pasado.

Esto lo hizo acompañado de los consejeros de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida, Luis Jorge Parra Arceo y Luis Alfredo Solís Montero, pero fue inevitable notar su incomodidad y nerviosismo al exponer las razones por las que no fue posible aprobar un aumento decoroso, y como sabe que las mismas carecen de veracidad, se hizo acompañar de Renán Puc (Secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial), para así dar la impresión de que tiene el apoyo de la base trabajadora del Poder Judicial, pero nada más alejado de la realidad, indicó el entrevistado.

Agregó que la mayoría de los afiliados a ese sindicato están en desacuerdo con la gestión de Renán, dado que cada vez se evidencian más los tratos que tiene con magistrados y consejeros, para incorporar al Poder Judicial a gente de su confianza y ascender a otros.

Nuestro entrevistado puso como ejemplo es que parte de su directiva se ha visto beneficiada, como Rubén (quien por ser alcahuete de Renán fue ascendido a Coordinador de Oficialía de partes en la 34); Yesenia Catzín (quien ostenta el cargo de asesora del Sindicato y cuyo padre es Luis Orlando Catzin Durán, Procurador de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios), logró que su esposo fuera incorporado como estafeta; la tesorera Gabriela Encalada, cuyo esposo fue contratado como intendente, en diciembre.

“Mientras a los trabajadores les pagan poco, el despilfarro y sueldos estratosféricos de magistrados, consejeros y de varias personas que ocupan posiciones de alto nivel en el Poder Judicial (incluidos Silvia Comas, Carlos Satur Ceballos Farfán y Alfredo Compañ), siguen”, precisó otro denunciante.

Los entrevistados dijeron que a los magistrados y consejeros poco les importa la enorme carga de trabajo, que recae principalmente en los técnicos judiciales, y siguen con la ya arraigada mala práctica de contratar deliberadamente a familiares o amigos suyos, que hacen muy poco o nada.

Como ejemplo están: Claudia Lorena González Cetz, esposa de Rafael Humberto Reyes Pérez (forma parte del Departamento de Informática del Poder Judicial), hijo de Mercedes Eugenia Pérez Fernández (quien fue Magistrada) y primo de Alfredo Compañ Fernández (actual secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura); Alfonso Barredo Villanueva, Aimeé Pino Barrera y Ekaterina Oregel, quienes fueron contratados por “recomendación” de Marcos Celis Quintal.

Casos similares son los de Cristina Perera, Alejandra Perera e Isabel Rodríguez quienes fueron incluidas en la nómina gracias a su “amistad” con el consejero Luis Jorge Parra Arceo, así como la sobrina de este consejero, de nombre Alma González Arceo.

De igual forma Mariana Jiménez Baqueiro, quien se desempeña como técnico judicial, como premio únicamente al mérito de ser sobrina nieta de la extinta Antonia Jiménez Trava.

“Los Consejeros del Poder Judicial, aunado a que no aumentan los sueldos dignamente a los empleados judiciales, tampoco contratan personal suficiente, pues como se ha mencionado, contrataron algunos cuantos más y recomendados, que no es suficiente en forma alguna, por lo que no existe personal suficiente y necesario en los Juzgados de Primera Instancia”, precisaron los entrevistados, quienes dijeron que, como consecuencia, existe una gran sobrecarga laboral.

Denunciaron que siguen inflando la nómina administrativa en el Consejo, es decir empleados que resultan innecesarios, lo que ocasiona un perjuicio a la sociedad yucateca, pues no existe la garantía de acceso a la Justicia consagrada en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esto se debe a la excesiva sobrecarga laboral, ya que los pocos trabajadores se ven humanamente imposibilitados a brindar una justicia pronta y expedita, y como consecuencia no cumplen con los términos fijados en la Ley en la Materia y al numeral de la Carta Magna ya invocado, finalizaron los entrevistados.