MÉRIDA, Yucatán, sábado 11/05/19.- La delincuencia de adolescentes en Yucatán sigue imparable. Ya que las cifras del año asado superaron a las de 2017, sin contar los que por algún motivo los muchachos no fueron consignados.
En 2018, Yucatán superó sus cifras de 2017 al detener a 52 adolescentes, confirmó la especialista Pamela Velázquez Zambrano, del Observatorio de Justicia Procesal Penal en México.
Yucatán y Zacatecas son los estados del país en los que se registró el mayor número de jóvenes detenidos por delitos del fuero común.
Al ofrecer la conferencia “Detención de adolescentes con alternativas para México”, en el marco de la Reunión Trinacional de Justicia para Adolescentes, Pamela Velázquez explicó que en Aguascalientes y Querétaro el número de jóvenes en conflicto con la ley es cero, en razón de su internamiento.
Destacó que los problemas que se viven en los centros de detención para adolescentes siguen siendo muy rústicas y en su caso, son expuestos a castigos y privaciones, porque el personal que atiende estos centros no es especializado.
“La justicia en México ha mejorado en la atención, seguimiento y procesos de atención a menores infractores; sin embargo, no se aplica la ley de la misma manera y muchas veces, una condicionante mínima, da como resultado que el juzgador califique un delito e imponga la sanción de privación de libertad”, expuso.
La docente explicó que en el país únicamente un estado -Chihuahua- ha logrado certificar este centro de detención como un referente.
“En México hay presos unos 6 mil jóvenes menores de edad, de los cuales un 20% son mujeres, que incluso son madres y deben convivir con sus hijos en los centros, sin los espacios suficientes, los cuidados necesarios y los mecanismos de protección en salud y educación para sus hijos”, precisó.
“Los juzgadores deben saber aplicar la ley y ser consecuentes con los ritmos, formas y pensamientos actuales y permitir que un joven que ha cometido una infracción menor pueda seguir su proceso en libertad y con el apoyo de su familia y equipo de trabajo que le permita obtener una forma de vida digna”, expresó.
La especialista afirmó que los juzgadores no pueden tomar determinaciones y decisiones de impacto contra los adolescentes, porque la ley protege sus necesidades y en muchos casos se ha comprobado que son infracciones mucho muy menores a las de un crimen o delito de alto impacto como robo simple o agravado, sin llegar a la violencia.
Agregó que las nuevas dinámicas sociales y culturales deben de aplicarse en atención, cuidado y protección de los adolescentes y buscar que estos tengan mejores satisfactores de vida y su recuperación transcurra de acuerdo a los lineamientos legales.