MÉRIDA, Yucatán, sábado 20/07/19.- A más de dos años de que fueron privados de la libertad y obligados bajo amenazas a firmar varios documentos por el dueño de la empresa “Combustibles de Yucatán”, los ex empleados Domingo Antonio Zapata Catzín, Lizbeth del Socorro Perera Parra y Víctor Antonio Canul Uicab continúan en espera de que se les haga justicia y que la Fiscalía General del Estado resuelva el caso.
El pasado 13 de mayo del 2018 dimos que Domingo Antonio Zapata Catzín, Lizbeth del Socorro Perera Parra y Víctor Antonio Canul Uicab fueron acusados de haber cometido fraude y amenazaron con mandarlos a la cárcel si no firmaban los documentos, que incluso ya los esperaban agentes judiciales para arrestarlos si no firmaban.
Por ello pusieron su demanda, misma que se acumularon en la carpeta de investigación número UE/000227/2017, por hechos posiblemente delictuosos que pueden constituir el delito de privación ilegal de la libertad.
Durante el tiempo que estuvieron retenidos en forma ilegal por sus patrones, los hicieron firmar varios documentos al parecer de pagos y promesas de venta de sus predios a favor de la empresa y funcionarios de la misma, renuncia y finiquito de cada uno de ellos.
Las denuncias se presentaron en su momento ante la Fiscalía General del Estado, en la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, donde las víctimas acudieron con su asesor jurídico, licenciado José Francisco Lara Flores.
Se señala como presuntos imputados a Didier Pérez, Santiago Nicoli, Guido Canto Cal y al licenciado Marco Antonio Ojeda López, gerente de operaciones, auditor y gerente general, respectivamente, de la empresa donde prestaban sus servicios y el abogado en cuyas oficinas fue encerrado el primero de los denunciantes por varias horas para obligarlo a firmar varios documentos en presencia del Notario Luis Alberto López Rosado.
De acuerdo con la denuncia, el 4 de mayo del 2017 a las 13:30 horas, a las puertas de la empresa “Combustibles de Yucatán”, ubicada en la calle 32 entre 15 y 17 de la colonia García Ginerés y Circuito Colonias, el gerente de operaciones les manifestó que estaban despedidos y los iba a llevar en su carro al lugar donde se les iba a liquidar.
El lugar es un despacho jurídico denominado “Corporativo Jurídico Inegran S.C.P. sito en la calle 11 predio 205-A entre la 26 y 28 de la misma colonia, donde los acusaban de haber cometido fraude y amenazaron con mandarlos a la cárcel si no firmaban los documentos, que incluso ya los esperaban agentes judiciales para arrestarlos si no firmaban.
Los denunciantes señalan que han pasado más de dos años y hasta la presente fecha no se les hace justicia.