MÉRIDA, Yucatán, jueves 08/08/19.– Una víctima en el cementerio y ningún culpable en la cárcel, así se resumiría el caso de Felipe de Jesús Triay Peniche, el psiquiatra asesinado por sus colegas, luego de que Pablo Santos García Gutiérrez obtuviera su libertad a pesar de haber sido encontrado culpable del delito de homicidio calificado.

Luego de obtener un amparo por insuficiencia probatoria en el Tribunal Unitario de Cholula, Puebla, ayer se absolvió a Pablo Santos García Gutiérrez, uno de los dos psiquiatras que fueron implicados en el brutal crimen de su colega.

García Gutiérrez enfrentaba una condena de 35 años de prisión y permaneció preso casi 5 años, luego de haber sido apresado el 21 de agosto del 2014 junto con el Dr. Enrique Lara González, quien fue dejado en libertad por duda razonable en el juicio oral que se instruyó en contra de ambos

A su colega y coacusado, Enrique Lara González, se le dejó libre en el mismo juicio por duda absolutoria; sin embargo, en el Tribunal Superior de Justicia ese veredicto fue revocado y se dictó un fallo condenatorio.

Lara González estuvo prófugo de la justicia durante varios meses, pero sus defensores recurrieron a otras instancias legales, hasta que la Suprema Corte de Justicia le concedió un amparo, con lo que quedó libre por la resolución inicial, o sea, por duda razonable.

Ahora, por mayoría de votos se ordenó la inmediata libertad del psiquiatra Pablo Santos García Gutiérrez desde el Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en Cholula, Puebla.

Esa autoridad consideró que no se acredita con las pruebas aportadas el delito de homicidio y, por lo tanto, se absuelve al sentenciado y se ordena su inmediata libertad.

Ante tales efectos y con las notificaciones hechas, para dar cumplimiento con ese ordenamiento, la Primera Sala del Sistema de Justicia Penal y Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, envió a la Dirección del Centro de Reinserción Social del Estado el oficio donde se ordena la libertad de Gutiérrez García.

La Fiscalía General del Estado, durante la administración de la Licenciada Celia Rivas Rodríguez, consignó a los psiquiatras Lara González y García Gutiérrez como probables responsables del asesinato del Doctor Triay Peniche, cometido con brutal ferocidad, ya que después de ser asesinado en un departamento de la colonia García Ginerés, su cuerpo fue desmembrado y colocado en cajas que fueron, a su vez, metidas en la camioneta de la víctima, que apareció abandonada en un centro comercial de Ciudad Caucel.

Durante el juicio a Lara González se le dejó libre por duda razonable, pero a García Gutiérrez se le condenó a 35 años de prisión; ahora ambos se encuentran libres, luego de obtener sendos amparos.

En resumen, hay una víctima en el cementerio, pero ningún culpable detrás de las rejas.

El oficio de libertad enviado por el Tribunal Superior de Justicia dirigido a la dirección del penal está signado por la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega

Los hechos se registraron el 15 de septiembre del 2014, en un departamento ubicado en la calle 22 por 25 de la citada colonia, que era rentado por el psiquiatra Pablo Santos García Gutiérrez, lugar donde Triay Peniche fue asesinado, su corazón batido con un arma punzo cortante y luego su cuerpo desmembrado y metido en cajas.

Ayer por la tarde, la familia Triay hizo del conocimiento público que según el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en Cholula, Puebla, Pablo Santos García Gutiérrez sería dejado en libertad en cumplimiento de un amparo directo que promovió su defensa por la sentencia emitida en su contra por el asesinato del Doctor Felipe de Jesús Triay Peniche.

El índice de dicho Tribunal únicamente menciona que el amparo es para efectos y fue concedido en virtud de vicios de fondo que considera se cometieron durante la investigación y posterior enjuiciamiento de García Gutiérrez.

De acuerdo con esa información extraoficial y su conocimiento del caso, no dudan en afirmar que la justicia queda en entredicho y nuevamente les asiste el derecho de sospechar intereses ajenos a la ley y que si los jueces que otorgaron la libertad hallaron algún procedimiento equivocado en el juicio contra Pablo Santos García, será necesario entonces que la Fiscalía del Estado o el Tribunal Superior de Justicia defiendan el trabajo que han realizado o de lo contrario de nada servirán los esfuerzos para mantener al Estado “seguro” y poder quitarles las sospechas de contubernios en los mandos de impartición de justicia del Estado.

“Mientras se nos notifica la información oficial, las víctimas de este homicidio lamentamos profundamente ese desacuerdo entre quienes tienen la responsabilidad de juzgar y lamentamos también el estercolero en que se ha convertido el cimiento más sólido de cualquier sociedad debiera tener: la ley y la justicia”.

POR ESTO!