MÉRIDA, Yucatán, martes 03/09/19.- Para hacer “bisnes” con alcaldes demandados por trabajadores despedidos, César Antuña Aguilar contaba con la complicidad de tres empleados del Tribunal de los Trabajadores, según denuncian varias personas.

Para hacer lento el proceso o elaborar acuerdos flojos y débiles, que se tiraban con un amparo,  Antuña Aguilar tenía el apoyo de Rafael Omar Ferriol González, secretario del Tribunal; Joaquín de la Cruz Gazca Medina, actuario, y Alejandra Gabriela Rivera Ruiz, oficial de partes, afirman nuestros informantes.

Como publicamos, el lunes un bloque de 14 diputados de PAN, MORENA, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PVEM votaron para que no se ratifique a Antuña Aguilar como presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, mientras que el PRI, porque es uno de los suyos, lo apoyó descaradamente.

Vanos fueron los pretextos, porque ni a argumentos llegaron los alegatos de los diputados del PRI, para tratar de defender a Antuña Aguilar, que formaba parte del coto único de poder con que cuenta el PRI, que es el Poder Judicial.

Los priistas argumentaban que el PJ era el que tenía autoridad para evaluar al ex magistrado y que ese poder le dio una alta calificación.

De acuerdo con nuestras fuentes, cuando había un proceso por demanda, Ferriol González  dejaba los acuerdos flojos o no los hacía para que con un amparo cayeran los expedientes; Gazca Medina se negaba a notificar, notificaba mal o cambiaba las cédulas para que igual se cayeran los expedientes, y Alejandra guardaba los memoriales para que se fastidiaran los demandantes y se negaba a que se acordaran en tiempo y forma y con ello pasaba el tiempo.

Este era el modus operandi contra los demandantes, una vez que Antuña Aguilar ya había acordado con algún alcalde retrasar y hasta tirar una demanda, por alguna cantidad de dinero, que variaba de acuerdo con el tamaño del municipio demandado, precisó uno de los entrevistados.

Otro dijo que Antuña Aguilar les ponía abogados de su despacho a los municipios priistas, como Kanasín, en donde colocó a Roger Salazar, quien también trabaja en la Consejería Jurídica.

“El PRI sabía perfectamente de esta red de corrupción y tal vez, ahora que tiene casi nada, era una fuente de ingresos para el partido, de modo que, desde el presidente estatal tricolor Panchito Torres hasta el más insignificante de los diputados locales tricolores, se negaban a cambiar a Antuña Aguilar, finalizaron los entrevistados.